Ministro de Ambiente insiste en impulsar proyecto sin evaluación ambiental
Mañana comparecerá el Ministro de Ambiente en régimen de Comisión General en la Cámara de Diputados para responder sobre el proyecto Neptuno, la iniciativa privada de extraer agua del Río de la Plata desde el paraje conocido como Arazatí, para complementar el abastecimiento de agua a Montevideo y cuya factibilidad técnica aprobó por mayoría el directorio de OSE.
No es ésta la primera vez que se discute un proyecto similar. Hasta ahora todas las propuestas terminaron siendo rechazadas por consideraciones económicas y técnicas, en especial por la presencia de agua salada en la zona, lo que imposibilita la potabilización, ya que hasta el momento no hay soluciones que no sean la desalinización, inconveniente desde el punto de vista económico y complejo desde el punto de vista técnico.
En el tema económico, la propuesta actual del grupo de empresas que conforman el denominado “Consorcio Aguas de Montevideo” se anunció en 2021 con un costo cercano a los 200 millones de dólares, pero ya se ha incrementado en más de 40% el costo previsto, llegando ahora a casi 290 millones.
La discusión del tema se ha centrado en su legalidad, se habla incluso de la inconstitucionalidad del proyecto, y si se operaría desde lo público o lo privado.
En
ambos casos de hecho se acepta el proyecto, dejando de lado que el
mismo no tiene estudio ni habilitación ambiental alguna. A la fecha no
se ha ingresado al Ministerio de Ambiente ningún expediente en ese
sentido.
Cabe
agregar que el propio estudio de factibilidad del proyecto Neptuno
hecho por las empresas proponentes detecta unos noventa puntos de
impacto ambiental, veinticinco de ellos con un impacto negativo
significativo.
Sobre esto desde el MOVUS destacamos la inconveniencia de las declaraciones del Ministro de Ambiente sobre cómo defenderá con “uñas y dientes” un proyecto que no tiene estudios de su cartera y que además sería licitado antes de que sea estudiado en lo ambiental.
El
estudio y la aprobación o denegación ambiental, debe ser un proceso
previo a la licitación y adjudicación de los proyectos, ya que
evidentemente puede alterar las condiciones económicas del mismo. La
licitación previa genera un antecedente que si tuviera que ser
modificado por consideraciones ambientales expone al estado a asumir
mayores costos e incluso consecuencias legales, además de ser
inconveniente para un país que se vanagloria de su seguridad jurídica y
cuidado ambiental, puntos en que poco ayuda el firme posicionamiento
previo, favorable al proyecto, del Ministro de Ambiente.
18 de octubre de 2022
Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)
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