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Mostrando las entradas de agosto, 2021

"Mitos Forestales"

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El proyecto de ley sobre forestación a estudio en el Senado motivó que una delegación del MOVUS fuera recibida por la Comisión de Ganadería Agricultura y Pesca de esa cámara. También hicieron lo propio la Sociedad de Productores Forestales (SPF) y la de Contratistas Forestales. En  especial la de la SPF presentó un alegato plagado de "errores" y "omisiones" que no resisten análisis, pero que su propaganda repite como verdades reveladas. Aquí van aquí algunos de ellos: El que se pretenda descalificar como mitos los resultados de análisis científicos y técnicos de larga data y sobre las cuales se discutió abiertamente entre otros en los foros del Debate Nacional Forestal que organizó MOVUS , a los que también fue invitada y expuso la SPF, muestra la debilidad argumentativa de la ponencia. * Uso del Territorio. Comenzando por el principio, no hay hasta la fecha ningún ejemplo de terrenos asiento de plantaciones intensivas de árboles, que haya sido recuperado exitosa

ANTE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DE LA OEA

  Montevideo, 16 de agosto de 2021.   Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) Organización de los Estados Americanos (OEA) Estimados Sres., Quien realiza esta petición, Rodrigo Speranza, ciudadano uruguayo, doctor en derecho, actúo en nombre de las organizaciones de la sociedad civil de Uruguay firmantes de este documento que representamos a decenas de miles de personas directa e indirectamente afectadas por las violaciones a los derechos humanos derivadas del contrato de inversión entre el gobierno uruguayo y la empresa finlandesa UPM. En defensa de la dignidad, la integridad y los derechos de los uruguayos, llamamos a cumplir con los principios establecidos por las Naciones Unidas y ratificados por Uruguay, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los tratados posteriores en esa materia, en especial, el Pacto de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité de Derechos Económicos, Social