Relocalizando los combustibles sintéticos

En una comunicación oficial los responsables de la planta de combustibles sintéticos que se pretende instalar en los padrones 11950 y 11951 del departamento de Paysandú informaron que: 

“no existe una decisión definitiva ni formalmente adoptada respecto del futuro emplazamiento de la planta".

Eso contradice los comunicados del Gobierno de nuestro país al de la República Argentina sobre que la planta sería relocalizada. Desde la organizaciones sociales hemos dicho repetidas veces que más allá de las declaraciones de las autoridades uruguayas, no había  sobre el tema conformidad de la empresa sobre ser relocalizada.

El mantenimiento en el Ministerio de Ambiente del estudio ambiental del proyecto en la ubicación original y otros indicios, apuntaban a que la empresa no había aceptado al relocalización impulsada desde el Gobierno uruguayo.

Vemos con preocupación la similitud de esta situación con la generada en 2014 por el cambio del puerto planificado por Aratirí en la Angostura al Puerto de Aguas Profundas de El Palenque, una de las causas esgrimidas por Aratirí para demandar al Uruguay por 3.536 millones de dólares, demanda que sigue su curso en París.

En aquel momento tal como ahora, hablamos de un proyecto inviable comercialmente, con grandes pasivos ambientales y que para su operación solicitaba subsidios del Estado uruguayo, de todos nosotros. Aratirí decidió que era mejor retirarse y procurar obtener mucho más dinero con una millonaria demanda al estado uruguayo.

Rechazamos que se siga con las negociaciones secretas entre los responsables de la empresa HIF y funcionarios del Poder Ejecutivo de un “Contrato de Inversión” como los que se hicieron con Montes del Plata, UPM y Katoen Natie.

En esos contratos, firmados por funcionarios de Poder Ejecutivo, sin intervención parlamentaria ni conocimiento público previo, se otorgaron, beneficios más allá de los que el Poder Ejecutivo puede otorgar por la Ley de promoción de inversiones (ley 16.906) que limita los beneficios que puede otorgar el Poder Ejecutivo a exoneraciones impositivas.

La ciudadanía uruguaya no puede seguir permitiendo que bajo el pretexto de “inversiones” y del  “incremento del PBI” se instalen en nuestro territorio proyectos que en su operación dañan el ambiente, degradan los recursos y además necesitan ser subsidiados por nuestra población.

Movimiento por un Uruguay Sustentable (Movus)  

9 de setiembre de 2026